Por Carlos Burgueño. Primera etapa de su gestión: 10 días para garantizar estabilidad del dólar. Comenzarán negociaciones con el FMI con una máxima: salvar el stand by. El macrismo necesita, sí o sí, que en septiembre haya desembolso por u$s5.600 M desde el organismo. Por un tiempo no habrá nuevas medidas hasta que se estabilicen las variables macro.
La estrategia presentada ayer en sociedad por Hernán Lacunza está diagramada por etapas. Y la primera tiene entre 10 y 15 días de plazo. En ese tiempo, el flamante ministro de Hacienda deberá estabilizar el dólar (ayer dio un primer e importante paso) y “salvar” el acuerdo stand by cerrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lograr que antes de las elecciones de octubre el organismo financiero libere el tercer tramo programado para 2019 por unos u$s5.600 millones. Quedará luego para el presidente que sea electo en octubre, la continuidad de las negociaciones y el eventual puente hacia un acuerdo de Facilidades Extendidas. Mientras estos cortos plazos se cumplen, Mauricio Macri prometió continuar con su gestión en “modo transición” y no presentarse ante los operadores como un presidente buscando desesperadamente llegar al balotaje lanzando medidas de dudosa efectividad económica y agravamientos de la situación fiscal.
Sólo ya comenzado septiembre, si el dólar continúa bajo control y si se logra la continuidad del acuerdo con el FMI (y cuando haya cierta certeza sobre qué tan graves serán los números inflacionarios que dejará ese mes), Macri podría pensar en nuevas medidas mirando ya las elecciones presidenciales. Mientras tanto, todo deberá ser prudencia fiscal. Este fue parte del pacto por el cual Lacunza aceptó el cargo que asumió ayer.
El ministro fue claro al presentarse en sociedad en el microcine del Palacio de Hacienda. En relación al dólar afirmó que “no hace falta un tipo de cambio más alto”, que “la volatilidad repercute en el ciudadano de a pie” y que “tenemos razones suficientes para creer que después de la escalada el tipo de cambio está por encima del punto de equilibrio”. Y agregó que “cualquier presión alcista no va a obedecer a cuestiones reales sino especulativas”, lo cual consideró “nocivo para la economía”. Según los nuevos criterios cambiarios que defenderá el Gobierno, y que fueron coordinados a doble banda entre Macri, Lacunza y Guido Sandleris junto con economistas cercanos al “albertismo” opositor, el dólar debería moverse entre los 57 y los 62 pesos máximo. Cualquier alteración habilitaría a una intervención mayor a las habituales por parte del Banco Central, incluyendo, eventualmente, una dosis mayor a los u$s250 millones de dólares habilitados por el FMI. Este valor deberá ser ajustado por la inflación que se acumule desde la segunda quincena de agosto y el IPC de septiembre para llegar a las elecciones de octubre (o posteriormente, si la realidad política lo exigiera) con un nivel actualizado. Según la visión de Sandleris, para que esta máxima cambiaria se cumpla, los mercados deberían convencerse de la voluntad de ejecución del tándem Lacunza-Sandleris durante las jornadas que restan de agosto. Mientras tanto habrá dos cuentas que se seguirán diariamente para evaluar la oferta de divisas: la cantidad de dólares que continúen liquidando los exportadores (que en las últimas jornadas se sostiene a un buen ritmo de entre u$s100 y u$s200 millones y que podría acelerarse ante la certeza de cierta estabilidad en el tipo de cambio) y la evolución de la balanza comercial. En esta última cuenta, los números oficiales son, en algún sentido, auspiciosos. Se sostiene que la cuenta comercial arroja un superávit de u$s1.000 millones promedio, que llevarán a fin de año a un número positivo de más de u$s12.000 millones. Es cierto que a este resultado se llega con un desplome en las importaciones y una concentración en las exportaciones primarias. Pero arreglar esta realidad será una de las tareas del próximo gobierno. No de Lacunza.
La nueva conducción de la economía criolla está convencida que recién la semana que comienza el 2 de septiembre, si continúa cierta pax cambiaria podría haber cierto relax en la atención diaria a la evolución de la demanda de divisas. Y que recién allí será tarea de comenzar a evaluar los efectos de la inflación de septiembre y el potencial retraso que esta alza traiga consigo. Y de discutir relajaciones con Macri.
La segunda misión que comenzará a ejecutar Lacunza será reconstruir la relación con el FMI. Y lograra que el organismo libere los u$s5.600 millones del tercer desembolso del año y que, con esto, se termine de cerrar 2019 y, en consecuencia, la gestión de Mauricio Macri sin peligro de default. El ministro encarará la tarea utilizando, en partes iguales, los números fiscales y la diplomacia. En el primer caso, tiene preparado el nuevo ministro números del primer semestre del año, que mostrarían que la gestión saliente de Dujovne terminó su tarea con un superávit primario por encima de las metas comprometidas con el organismo. Serían unos 34.514 millones de pesos, un 0,2% del PBI. Y que el paquete de gasto poselectoral que se anunció la semana pasada tendrá un costo de 59.986 millones, lo que implica un 0,3% del PBI, el que sería compensado luego con la recaudación del IVA y otros impuestos que subirían a partir de la mejora del mercado interno. La intención de Lacunza y su gente es que los visitantes del Fondo “compren” los datos del primer semestre, que cierren la inspección con los resultados a julio y que den una mirada positiva indulgente a lo que ocurra en el período agosto- septiembre. Se sabe que desde el FMI este tipo de planteos tiene poca receptividad. Y que la misión que comandará Ricardo Cardarelli será dura al calcular ese costo fiscal con la variable comparativa recaudación- inflación. El FMI siempre fue complicado al tomar en cuenta el gap entre los recursos impositivos y el alza de los precios el que, en el mejor momento (junio) aún mantuvo una diferencia negativa de 3 puntos porcentuales. En septiembre habrá una aceleración inflacionaria, y lo más probable que ese costo del paquete fiscal de casi 60.000 millones, sólo agrave la situación. Allí deberá aparecer toda la estrategia diplomática de Lacunza ante los visitantes del FMI. El argumento será simple. Si no se consiguen los u$s5.600 millones que deberían liberarse desde Washington en septiembre, probablemente el acuerdo general termine de sucumbir, justo semanas antes que los argentinos vayan a votar. Y que deberá explicarse desde Washington por qué el acuerdo más importante cerrado en la historia del organismo se desploma a dos años de haberse firmado y a horas de que su mentor local (Macri) sea vencido por las urnas democráticas con el FMI como coach en el rincón. Si esto falla, siempre puede haber un plan B: la línea telefónica abierta entre Mauricio Macri y Donald Trump.
Si, como se confía, se llegara a buen puerto con estas negociaciones con el FMI, prácticamente estaría cerrado el año con el organismo. Sólo quedaría un último desembolso de u$s1.000 millones para diciembre, un monto significativamente menor que los tres giros anteriores de 2019. El cronograma fue especialmente diseñado por el macrismo en su momento, preparado artesanalmente para que los dólares para este año lleguen en su mayoría antes de las elecciones presidenciales; para que luego haya un plazo prudencial para negocia el eventual cambio del stand by a un Facilidades Extendidas. Algo pasó camino a esta meta. Las elecciones PASO provocaron que seguramente sea otra gestión la que se siente con el director gerente del FMI, Alejandro Werner, para discutir las nuevas condiciones. Un dato ya tiene Guillermo Nielsen y los “albertistas”: los bancos internacionales descartan que, al final del camino negociador”, desde el FMI se firmará la caducidad del stand by y la bienvenida a un acuerdo de largo plazo (10 años), con el nuevo gobierno. Fuente: Amito Financiero
